12 Primeros pasos para abandonar el extractivismo

 Abriendo la puerta hacia el camino del desarrollo productivo sostenible...

Primeros pasos para abandonar el extractivismo

De la coyuntura a las prioridades para el largo plazo: premisas

Como consecuencia del análisis realizado a lo largo de esta serie, planteamos un paradigma alternativo de desarrollo que se resume en construir una economía en la que la creatividad y el esfuerzo humanos sean la base de un crecimiento económico “eco-socialmente sostenible”, con las personas como destinatarias directas y finales de los beneficios del crecimiento.

¿Cómo avanzar hacia el nuevo paradigma en un enrarecido ambiente en el que la multiplicidad y complejidad de los temas, sumada a la extrema ideologización y polarización discursiva desde los diferentes grupos de interés y de presión, amenazan hacer crisis en varios ámbitos? ¿Es posible hacerlo con las cegueras ideológicas, políticas, teóricas y de conveniencia que soportan las prioridades de los vinculados al poder político?

Cierto, los temas que confrontamos como sociedad son múltiples: institucionales, económicos, sociales, políticos, y eco-ambientales; a ellos se suman muchos otros “problemas” que no se vinculan directamente al desarrollo, sino reflejan pugnas de intereses particulares, regionales o corporativos. Pero ¿cuáles son los problemas que efectivamente impiden avanzar hacia una economía de y para la gente?

La multiplicidad de temas y controversias que nos agobia, es una señal muy clara de la falta de objetivos concretos (y de exceso de discurso y demagogia): un problema es un obstáculo que impide alcanzar un objetivo: si no se tiene el objetivo, no se puede definir el problema. Esto es particularmente cierto en el manejo de la economía, ámbito en el que las opiniones asignan importancias relativas a la deuda pública, déficit fiscal, tipo de cambio, o la tasa de inflación, según preferencias teóricas personales. Sin embargo, en las economías con mejor desempeño social, la atención se concentra en mantener la ruta al objetivo, aceptando que los indicadores bajo los que se logre ese cometido son “los correctos” independientemente de las tendencias y los valores que recomiende la teoría.

En general, atacar temas sin visión, ni la capacidad o los recursos para abordarlos seriamente, lejos de ayudar, malgasta recursos que se restan a las verdaderas prioridades estratégicas; por ejemplo, ningún sistema educativo tendrá sentido ‒menos contenido, si la sociedad no adopta principios que sustituyan “la joda”, la “viveza criolla” o la “pega” por la excelencia, el esfuerzo personal, la ética profesional y la eficiencia (productividad) como valores sociales.

En este ámbito también caen las tendencias “desarrollistas” que deslumbran con etiquetas y frases como “economías verde o naranja”, la “revolución industrial de cuarta generación”, o slogans “Bolivia digital, inclusiva, soberana”, etc. No es que las tendencias sean equivocadas; el hecho es que, para ser útiles, requieren de un contexto institucional favorable, hoy ausente.

La realidad: no podemos cortar a seco los ingresos del extractivismo, pero debemos asumir, como tarea prioritaria, empezar a sustituirlos a partir de la creación de empleo productivo que genere internamente los ingresos para un funcionamiento básico de la sociedad Partimos de una economía con los más altos niveles de precariedad del empleo, y la productividad más baja. La causa primaria nunca ha sido la falta de opciones técnicas, de recursos materiales, ni la incapacidad laboral de la gente; es la incompetencia de los políticos que, prácticamente, han destruido sistemáticamente las bases de institucionalidad que mantenían vigentes principios y valores sociales esenciales.

En estas condiciones, es insuficiente plantear acciones o políticas económicas específicas, sin antes precisar la naturaleza de las condiciones institucionales básicas necesarias, las que deben (re)construirse al ritmo que permita que las políticas y acciones puntuales tengan los efectos esperados.

El Marco Institucional básico

Hace veinte años, planteamos que Bolivia era “un caso de institucionalidad disfuncional” para el desarrollo productivo y la creación de empleo digno. Hoy, lejos de mejorar, la situación ha caído a niveles extremos. El manoseo político hundió la justicia en un nivel de “pestilencia” inédito –así reconocido por los gobernantes, y la administración pública ha sido tomada por asalto para extraer rentas a la economía formal, como botín político y corporativo.

Reformar estructuralmente la justicia, es la tarea de mayor urgencia e importancia, pero poner en marcha una efectiva reactivación de la economía, no puede esperar a ese proceso que, sin duda, tomará unos buenos años. La solución son reformas focalizadas en aspectos de mayor relevancia para des-represar la capacidad creativa, productiva y emprendedora de la sociedad: la creación de empleo productivo; y la reforma de las competencias autonómicas, porque la creación de empleo parte de “lo local”.

Los factores determinantes para la creación de empleo digno

Para incidir en la calidad social del crecimiento económico, deben aumentar el nivel de empleo, el valor agregado, la productividad, y la participación del trabajo en la distribución del ingreso. La productividad laboral promedio en Bolivia, es de $us 6.000 (por trabajador/año), mientras que la de América Latina es $us 24.000. Si las 150.000 personas que se incorporan al mercado laboral boliviano cada año lo hicieran con la productividad laboral media de América Latina, Bolivia podría alcanzar tasas de crecimiento del PIB del orden del 8% anual.

Crear esos puestos de trabajo requiere políticas públicas coherentes y permanentes, es decir, Políticas de Estado. Las políticas “pro producción y empleo” necesariamente deben considerar los cuatro ámbitos específicos que determinan la tasa de crecimiento, la capacidad de agregar valor, la sostenibilidad institucional, y la pertinencia eco-social de la economía:

a)      Mercados. El valor agregado se materializa sólo si los productos se venden: el salario de los trabajadores lo pagan los consumidores, por lo que el aparato productivo debe producir lo que los mercados demandan, no solo “lo que saben producir”. Pero es imposible participar en mercados demandantes con tipos de cambio, tolerancia a la competencia desleal, o con políticas comerciales determinadas por razones políticas o por intereses sectoriales.

b)      Productividad y Gestión. No es posible “garantizar mercados” sólo con medidas o acuerdos políticos. Las unidades económicas deben ser capaces de competir en los mercados por su productividad y por la calidad de sus productos. Aunque la mejora de la productividad es responsabilidad esencialmente de las empresas, factores determinados políticamente –y externos a las empresas, limitan la productividad. Las inversiones que podrían mejorarla, se frenan por las amenazas del mercado, por un lado, y por la baja competitividad general que no ofrece garantías a la inversión. A su vez, consignas e ideologizaciones anacrónicas impiden acuerdos que podrían renovar e innovar las relaciones empresa-empleados con el fin de “mejorar la productividad con corresponsabilidad” por los resultados.

c)      Competitividad Social. La competitividad es el conjunto de condiciones sociales, políticas, económicas, culturales, laborales, ambientales, etc., que permiten a las empresas mejorar la productividad. En este ámbito, Bolivia ha retrocedido significativamente en el Siglo XXI: la sobre regulación y la arbitrariedad normativa, por un lado, la orientación estrictamente recaudatoria de los impuestos, la competencia desleal en las adquisiciones del Estado, las políticas comerciales y monetarias, etc., han acorralado al aparato productivo nacional, lo que se refleja en la altísima incidencia del empleo informal y precario.

d)      Cultura y Valores Sociales. Finalmente, es imposible una sociedad competitiva e inclusiva sin una “Cultura Productiva”, que se sustente en el principio de que la creación de valor y de riqueza se origina en el esfuerzo humano antes que en la renta de los recursos naturales. En Bolivia, la cultura rentista, la aversión al riesgo, la baja autoestima, el cortoplacismo, la cultura “del serrucho”, de la transgresión y, sin duda, la cultura del conflicto, son “anti-valores” que alientan las expectativas rentistas sobre los recursos naturales, inhibiendo el gran potencial creativo y productivo que las y los bolivianos muestran cuando salen a otros países que valoran el esfuerzo humano.

Institucionalidad, justicia y autonomías

Aunque, con un apoyo político básico, medidas necesarias para iniciar un proceso sostenido de creación de empleo pueden enmarcarse en la normativa vigente, no será posible sostener el esfuerzo sin la reforma estructural de la justicia, la tarea de mayor prioridad y urgencia.

Sin ser un tema estrictamente legal, el rediseño conceptual y funcional de las autonomías es una tarea de corto plazo que debe ser abordada en un marco de acuerdos políticos que hagan posible las reformas a la CPE en cuanto a la “ingeniería competencial”, a las funciones que se asignan a cada nivel territorial, y a los vínculos y relaciones entre niveles.

El modelo autonómico repite, a nivel departamental y municipal, el mismo esquema sectorial que caracteriza al gobierno central, y ha multiplicado en cientos de veces los apetitos políticos por el poder. Han gestado unidades territoriales con prioridades sectoriales –cuando no solo políticas, poco o nada articuladas; la complejidad institucional resultante y el desperdicio de recursos, es un obstáculo a la transformación productiva.

En particular, los gobiernos subnacionales no tienen competencias en la creación de empleo, aunque es un desafío fundamentalmente local. Tampoco pueden incidir en la transformación productiva en términos de mercados, mejora de la productividad, desarrollo de competitividad o la sustitución de la cultura rentista por la de “producción y empleo”.

Han centrado su prioridad en el gasto para visibilidad política y en la pugna por los recursos del centralismo para solventarlo. Ante “el fin del IDH”, solo la diversificación económica y la transformación productiva aseguraría la sostenibilidad económica y social para hacer viable a cada autonomía; por ello, la meta inicial, central y común a todas ellas, debe ser desarrollar la capacidad de generar valor creando oportunidades de empleo, dignos y productivos.

En consecuencia, la reforma autonómica daría el marco para corregir el rumbo, encaminando el desarrollo bajo premisas de subsidiaridad. Implica metas y responsabilidades compartidas en todos los niveles, superando miradas y acciones sectoriales aisladas, haciéndolas todas funcionales al objetivo de superar la pobreza mediante el empleo digno que solo puede generar una economía diversificada, con las personas como fuente creadora de valor, y la gente como depositaria directa y final de los beneficios del crecimiento.

 

 

RECUADRO 1

 

El Empleo Digno frente al Trabajo Decente de la OIT

El Empleo Digno es central al cambio del paradigma productivo y la base del patrón de crecimiento de una Economía para la Gente. Los términos "empleo", "trabajo" y “ocupación” se usan –equivocada pero frecuentemente− como sinónimos. Lo mismo sucede con los adjetivos “decente” y “digno” con los que se califican estos términos a fin de resaltar la necesidad de revertir las múltiples formas de precariedad o de abusos en el trabajo. El Tesauro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) define:

Trabajo:   “actividades humanas, remuneradas o no, que producen bienes o servicios en la economía, o que satisfacen las necesidades de una comunidad o proveen los medios de sustento necesarios para los individuos”.

Empleo:   "trabajo efectuado a cambio de pago sin importar la relación de dependencia del empleado, es decir, si el empleo es dependiente (asalariado), o independiente (autoempleo)".

El Diccionario define Ocupación, como “actividades en las que la persona ocupa su tiempo”.

En 1999, la OIT introdujo el concepto del Trabajo Decente con cuatro rasgos distintivos: los derechos de las personas en el trabajo, las oportunidades de empleo, la protección social y el diálogo social. El concepto está muy vinculado al trabajo en condiciones de dependencia (asalariado). Sin embargo, la realidad en Bolivia es que la gran mayoría del trabajo se realiza por cuenta propia y como único medio de subsistencia personal y familiar, en ausencia de redes de seguridad y de protección social.

El Empleo Digno –propuesto por INASET en 2001, se define como el trabajo remunerado al que tienen derecho las personas para satisfacer las necesidades personales y familiares, contribuyendo a su realización personal sin comprometer las oportunidades de generaciones futuras; implica protección para las personas contra el “cuenta-propismo obligado”, que impone la auto-explotación de la fuerza de trabajo en tareas o actividades a las que se ven forzadas por la actual incapacidad estructural de la economía para crea empleos.

En particular, como reconoce al esfuerzo humano como origen del valor agregado, implica la distribución equitativa de la riqueza entre los factores que contribuyen a crearla, superando enfoques primarios que consideran al trabajo como mercancía sujeta a oferta y demanda y, a la creación de valor, solo como fuente de ingreso fiscal.