8 La “redistribución del ingreso”, es en favor del Gobierno

 

El Modelo Social Comunitario Productivo en debate… (8)

La “redistribución del ingreso”, es en favor del Gobierno

El “Estado Redistribuidor” como base del MESCP

El concepto básico del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), tiene a la redistribución del ingreso como el elemento central de su estrategia. Considera las actividades vinculadas a la explotación de los recursos naturales como los “sectores estratégicos” que generan excedentes económicos que el Estado destina, por una parte, a potenciar los sectores económicos generadores de ingresos y empleo, y, por otra, los redistribuye directamente a la sociedad a través de programas sociales de lucha contra la pobreza mediante transferencias directas –los “bonos”, a los hogares.

La captura del excedente y el “government take”

La captura o retención del excedente, paso inicial de todo el proceso, incluye varias formas a través de las cuales el Estado participa directamente de las utilidades y otros beneficios que generan las actividades económicas en los sectores estratégicos. Además de los impuestos directos, la forma más favorecida por el Modelo es el “government take”, que se define como la participación del Estado en el flujo general de recursos asociado a un proyecto específico.

En el sector de hidrocarburos, el government take (GT) se justifica porque el recurso natural en su yacimiento, como el gas bajo la tierra, no tiene un valor comercial intrínseco; pero apenas se abre la llave al ducto que lo conducirá a un mercado determinado, adquiere un valor de mercado que puede variar según las condiciones o los términos contractuales acordados con el comprador en el extremo de salida. Mediante el GT, el dueño del gas (el pueblo a través del Estado) tiene una participación predefinida del “valor adquirido” en su beneficio (después de ajustes por los costos de extraer el gas, ponerlo en el ducto, y transportarlo al cliente).

Pero el gobierno extendió –erróneamente– el concepto del GT a empresas públicas y privadas productoras de bienes y servicios fuera del sector extractivo. Por ejemplo, Álvaro García Linera consideró “creativo” aplicarlo a las utilidades del sistema de intermediación financiera (SIF). Según el Ministerio de Economía, gracias a la financiarización que promueve el Modelo, entre 2006 y 2017, las utilidades del SIF subieron 802%, acumulando US$ 2.240 millones; el Estado, a través de alícuotas adicionales al IUE, tiene una participación de hasta el 50% de las utilidades del sistema, ingreso que ha sumado unos 1.500 millones de dólares entre 2011 y 2020.

Pero hay una enorme diferencia con el GT aplicado al gas de exportación en el que el país de destino paga el GT. En el caso del SIF, los 600 millones de dólares anuales de resultados antes de impuestos sobre los que el Estado “cobra su GT”, salen de los ingresos operativos de más de US$ 3 mil millones (un 8% del PIB en 2017) que el SIF “extrae” anualmente (como intereses y comisiones) del valor agregado que generan los actores en la economía real. Frente a estas cifras, un modelo que dice privilegiar la distribución en beneficio de la gente, podría optar por bajar, en favor de la economía productiva, el alto “spread” financiero (que origina las enormes utilidades). Es pues incomprensible que, en tanto el Estado tenga su tajada, aliente las enormes utilidades que se concentran en pocas familias, a costa de reducir el valor agregado disponible para quienes lo generan.

Se aplica el mismo concepto a ENTEL, BoA y a las otras empresas públicas que tienen utilidades a costa del ingreso, de la capacidad de consumo de los hogares, o la mala calidad del servicio. ENTEL habría contribuido con unos 20 mil millones de Bs al Bono Juancito Pinto. Cobra Bs 20 por GB, y un estudiante usa mensualmente unos 5 GB lo que, en números redondos, suma Bs 100 mensuales o Bs 1.200 anuales: a cambio, ENTEL (si pagara todo el Bono Juancito Pinto) aportaría Bs 200 anuales (el 17% de lo que el estudiante paga por el servicio): ¿no sería mejor para los hogares, que ENTEL use esos recursos para que el consumidor boliviano no tenga uno de los más caros y peores servicios de internet, y para establecer claros estándares de calidad a los otros operadores privados?

En la misma lógica, ¿son razonables las utilidades de BoA si, en promedio, las tarifas vigentes que paga el consumidor son superiores a las que tenían el LAB o AeroSur? Y, en general, ¿no es el rol de las empresas públicas maximizar la eficiencia económica y social de sus operaciones beneficiando directamente a la ciudadanía en lugar de extraer rentas que deprimen su ingreso y su capacidad de consumo?

En síntesis, fuera del sector extractivo, el “government take” empobrece a la gente. De hecho, técnicamente, el Gobierno sería “cómplice de robo” a los ciudadanos y los actores económicos toda vez que, para participar del excedente, acepta ineficiencias o costos adicionales con los que castiga a los consumidores, ocasionando pérdidas de productividad y competitividad a las actividades económicas: es una “distribución” que, en realidad, beneficia al gobierno central.

Las transferencias sociales condicionadas: los bonos

En los años 1980, el Banco Mundial popularizó y apoyó los bonos como una forma de aliviar las presiones sociales a los gobiernos que habían adoptado las famosas reformas estructurales asociadas a la “ola neoliberal”.

Vinculados inicialmente a programas de empleo de emergencia, su rol como mecanismo de distribución del ingreso en Bolivia se inicia con el BonoSol, fondo financiado con los ingresos por la privatización de las empresas públicas y de formas de participación de la ciudadanía en las nuevas empresas. Después de varios cambios –de nombres y de formas de financiamiento, desde 2006 los bonos más importantes en Bolivia son la Renta Dignidad (tercera edad), el Juancito Pinto (estudiantes en la educación pública hasta el bachillerato), y el Juana Azurduy de Padilla (mujeres gestantes e hijos en el primer año de vida).

Los desembolsos totales en bonos hasta 2021, son aproximadamente 50 mil millones de Bs (unos 7.200 millones de dólares). La importancia relativa de esta cifra y, en general, de los bonos como el principal mecanismo de redistribución del MESCP, puede estimarse en relación a la remuneración a los asalariados en las cuentas del ingreso. El INE publica las cifras de la remuneración al trabajo sólo hasta 2016, año en el que las transferencias en bonos desde 2006 habían acumulado un total de 22 mil millones de Bs. Sin embargo, en el mismo período, por la caída en la participación de remuneraciones en el PIB (tema 2) que tuvo un máximo de 36,1% en 2000, los asalariados dejaron de percibir 170 mil millones Bs, monto 8 veces mayor que los bonos transferidos.

Es decir, los recursos que la presión tributaria ha restado a la remuneración al trabajo (y a la capacidad de consumo de los hogares) entre 2006 y 2016, superan en 8 veces el monto total transferido desde el gobierno en bonos. Claramente, los bonos no mejoraron la distribución del ingreso. Pero los datos oficiales muestran que tampoco aportaron a la equidad: en 2006 el patrimonio del SIF (sistema financiero) era el doble de todos los pagos anuales por bonos; en 2018, el patrimonio del SIF era 5 veces mayor al total de las transferencias anuales en bonos.

Finalmente, el crecimiento sostenido de la economía, requiere “un equilibrio dinámico entre oferta y demanda: conforme aumenta la demanda y la capacidad de consumo de los hogares, debe aumentar la capacidad productiva, el empleo y el ingreso de los hogares. Este equilibrio Implica necesariamente la distribución de la riqueza. No la re-distribución de la riqueza acumulada por otros actores o por el gobierno, sino la distribución directa (remuneración al trabajo) conforme los procesos productivos crean valor, para garantizar un nivel de consumo compatible con la capacidad real de oferta del aparato productivo” (M. Eccles).

Desde esta perspectiva, los bonos en Bolivia han tenido un efecto estructuralmente negativo: aumentan el ingreso familiar disponible, pero al no ser resultado de una mayor producción del aparato productivo, la oferta de bienes en el mercado no aumenta; con un tipo de cambio fijo y sobrevaluado, el mercado interno tiene un gran aporte de bienes importados, de manera que, el ingreso adicional de los bonos, termina alimentando el contrabando.

El Gobierno se digitaliza, …y a la ciudadanía esclaviza

Finalmente, en su relación diaria con el Estado, es el ciudadano el que le transfiere “ingresos” a la burocracia pública gracias a la digitalización. Si bien ahora se puede obtener un certificado de nacimiento o de matrimonio en poco tiempo, a diferencia de cuando estos certificados tenían duración indefinida, hoy hay que renovarlos cada 90 días; el SEPREC, por su Decreto de creación, está obligado a “transferir anualmente al TGN la misma cantidad de recursos que utiliza para sus gastos de funcionamiento, de inversión, y de investigaciones”: es decir, el registro de comercio y todos los otros “servicios” que presta, valen, en el mejor de los casos, la mitad de lo que le cuestan al ciudadano; por ley –y por sentido común, un poder notarial es válido en tanto no sea revocado por el poderdante, pero con la nueva ley del notariado, se ha introducido la práctica de requerir la “actualización” de poderes legales de acuerdo al criterio arbitrario de los funcionarios; la inspección técnica vehicular no está a cargo de una instancia técnica, sino de la Dirección de Recaudaciones de la Policía Nacional; en fin, a pesar de todos los avances en las tecnologías de la información, la ciudadanía “carga con el peso de la prueba” que implica repetir, en cada escritorio, la presentación de certificaciones “válidas”, poderes, copias legalizadas, etc., etc., de información que está totalmente disponible en otras instancias de la misma buro-parasito-cracia pública.

Hacen casi cuarenta años, escribimos un libro titulado “Normatividad y Corrupción: ¿causa y efecto?”, en el que analizamos los cerca de 200 trámites que una pequeña o mediana empresa debía cumplir para su “formalización”. Hoy, la “burocracia digital” no solo elevó los niveles de sofisticación de los mecanismos de recaudaciones a los que puede recurrir el gobierno, sino que ha descubierto nuevas trabas con las que la corrupción puede instalar sus “puntos móviles de recaudación” por los que deben pasar ya no solo emprendedores, sino toda la ciudadanía.

En resumen, la promesa de redistribuir el ingreso que enarbola el MESCP, está funcionando al revés: las transferencias de la ciudadanía hacia el Estado, superan con creces los publicitados bonos sociales que, incluso, terminan siendo financiados por la propia ciudadanía.